miércoles, 15 de septiembre de 2010

Dirección Nacional de “Persecución” de la Corrupción Administrativa

Organismo Anticorrupción o Aliado de la Impunidad

Desde el Descubrimiento de América, pasando por la Independencia Nacional, la Dictadura de Trujillo y terminando con los Gobiernos “Democráticos”, la República Dominicana siempre ha creado (al menos en teoría), mecanismos tendentes a prevenir, detectar y sancionar la corrupción gubernamental, pero los mismos siempre han fracasado por la corrupción y los intereses políticos y económicos.

En 1997, con la finalidad de combatir la corrupción administrativa, fue instituido mediante el Decreto 322-97 el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, el cual pasó posteriormente a llamarse Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) mediante el Decreto 324-07, con la finalidad ya no de prevenir la corrupción sino más bien de perseguirla, aunque muchos sostienen que no existe tal persecución de la corrupción sino más bien persecución política, además de que nunca previno ningún acto de corrupción.

La no prevención de la corrupción y no persecución de la misma durante 13 años de existencia y adscripción al Ministerio Publico la han hecho inoperante e infuncional e ipso facto innecesaria, a tal grado que sólo ha sometido a la justicia 17 casos de corrupción administrativa y 3 de corrupción privada, estos últimos por presión del Fondo Monetario Internacional . De no haber habido tal presión, la historia hubiera sido otra.

República Dominicana es signataria de la Convención Americana contra la Corrupción y de la Convención de la ONU, la cual establece que el Estado debe de perseguir, sancionar y prevenir este delito. También tenemos la Constitución de la Republica, que establece la igualdad ante la ley así como la responsabilidad del Ministerio Público como persecutor del delito, en este caso el DPCA o DEPRECO (como se le conoce popularmente) como organismo llamado a combatir delitos como lavado de activos, desfalco, prevaricación, soborno, abuso de poder, etc.

Pero la cantidad de casos que procesa ante la justicia es casi nula. Desde el 16 de Agosto del 2009 hasta la fecha solo han procesado 3 casos judiciales. El resto de las denuncias, que son más de 30, se mantienen inactivas mientras que los funcionarios y ex-funcionarios públicos se ríen a carcajadas por la impunidad judicial que se mantiene y que los ha dejado con beneficios de más de CIENTO CUATRO MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS (RD$104,000,000,000.00) que a nosotros, el pueblo, se nos está obligando a pagar.

Esta inactividad judicial o complicidad por parte del Director de la DPCA es un crimen, sancionado por el artículo 198 del Código Penal Dominicano. Cuantos casos de corrupción se mantienen impunes o sus condenados son indultados. Es lo que ha pasado con los Regidores, las jeepetas usufructuadas en la Policía Nacional asi como los casos Rockash, Peme, etc., cuyos acusados no permanecieron mucho tiempo en prisión.

Algunos de los casos anteriores no fueron procesados por el DPCA sino por Procuradurías Fiscales o la Procuraduría de Medio Ambiente. Los casos denunciados en los programas televisivos que se dedican a denunciar actos de corrupción tales como los de Nuria Piera y Alicia Ortega casi nunca son procesados a pesar de que el propio decreto que instituyó el DPCA establece que este organismo puede apoderarse de oficio por denuncias expuestas en la prensa.

Es sorprendente que un Procurador Adjunto y director del DPCA, talvez por el deseo de adquirir protagonismo en la prensa, culpe públicamente a la justicia de la impunidad de que gozan “pejes gordos” cuando querellas interpuestas contra sospechosos de actos de corrupción como es el caso de Luís Manuel Bonetti nunca han sido procesados ante los tribunales. Por experiencia como abogado que soy, el DPCA o DEPRECO siempre busca un argumento para archivar (desistir de la acción penal o engavetar) una denuncia o querella de actos de corrupción, mientras que las demás procuradurías fiscales del país son más activas en la persecución de delitos como asesinato, robo, estupro, etc.

Por Alejandro Alberto Paulino Vallejo
paulino_alejandro@hotmail.com

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