jueves, 8 de septiembre de 2011

E.U. admite errores e irregularidades en deportaciones

Los Ángeles (EFE)- Los errores y las irregularidades fueron comunes en la deportación de muchos inmigrantes en EE.UU., así como las "prácticas secretas y violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los inmigrantes", según un informe presentado hoy.

El estudio "Deportación sin el Debido Proceso" realizado por profesores de Stanford Law School, Western State University College of Law y abogados del National Immigration Law Center (Nilc), analizó miles de documentos que el Gobierno nunca antes había dado a conocer.

"Este reporte sintetiza información obtenida de miles de documentos que no habían estado antes a disposición de la opinión pública", señaló Jennifer Lee Koh, directora de la Clínica de Inmigración de Western State University y directora del informe.

La abogada señaló que durante los pasados 10 años, a través del programa de "Remoción Estipulada" (Stipulated Remotion, en inglés) -por el cual un inmigrante acepta ser deportado sin comparecer ante un juez- las autoridades deportaron más de 160.000 extranjeros, "sin darles ni siquiera la oportunidad de un día en la corte".

El informe -que analizó más de 20.000 páginas de documentos recibidos como consecuencia de una demanda presentada por el Nilc y Stanford Law School en 2010- destacó que el 96 % de las personas que firmaron su aceptación de "deportación voluntaria", no contaban con la asesoría de un abogado.

"Estas personas no tenían idea lo que era la orden de deportación que estaban firmando", argumentó Karen Tumlin, abogada de Nilc y coautora del reporte al presentar hoy las conclusiones.

La abogada igualmente destacó que muchos de ellos -la gran mayoría hispanos- no entendían inglés y no podían pagar un abogado, con lo cual la firma de la orden violaba sus derechos fundamentales y en realidad no era voluntaria.

"Si las personas rehusaban firmar, las amenazaban con enviarlas a la cárcel y los presionaban diciéndoles que tenían muy poca oportunidad de permanecer en el país. Tampoco recibían una copia del documento", añadió.

Adicionalmente, la investigación encontró que una traducción en español que se entregaba a quienes no hablaban inglés -utilizada en el sur de California y posiblemente en todo el país- estaba "en un español incorrecto, repleto de frases engañosas y confusas" y contenía "información incorrecta e incompleta".

Para Jayashri Srikantiah, profesora de leyes y directora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración de Stanford Law School y coautora del estudio, es necesario corregir la situación siguiendo las recomendaciones del informe.

"Primero que todo, a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no se le debe permitir que siga presentando la alternativa de 'deportación o cárcel', especialmente para aquellas personas que no tienen la representación de un abogado" señaló Srikantiah.

Asimismo, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (Eoir) debe requerir a los jueces que tengan una audiencia en persona con los inmigrantes que no cuentan con un abogado, antes de que éstos firmen la orden de deportación voluntaria.

El estudio también recomienda que se establezca un período de 72 horas desde que el inmigrante firme la orden de deportación y el juez la apruebe, dándole así a los detenidos la oportunidad de consultar con un abogado.

Para evitar que el desconocimiento del idioma ponga en peligro la transparencia del proceso, "los formularios deben estar adecuadamente traducidos en diferentes idiomas y a los detenidos que no hablan inglés nunca se les debe ofrecer la deportación (voluntaria) sin la presencia de un intérprete calificado", agregó Srikantiah.

El reporte finalmente recomienda prohibir a las autoridades de inmigración el uso de la remoción estipulada, "en los no ciudadanos que son vulnerables y en aquellos con fuertes lazos en EE.UU.", incluyendo -como mínimo- a los niños, a las personas con limitaciones mentales y a los residentes legales.

Según estadísticas de la ICE, para el período fiscal 2010, las autoridades deportaron más de 392.000 inmigrantes de los cuales cerca de 195.000 no tenían antecedentes delictivos.

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